Los representantes del negocio, el sector inmobiliario y el sector turístico han expresado una profunda preocupación por la falta de aplicación efectiva de la ley 368-22 sobre la planificación territorial, el uso de la tierra y los asentamientos humanos, una situación que está generando una creciente parálisis en proyectos clave para el desarrollo económico nacional.
Los empresarios consultaron que advierten que la inseguridad legal causada por las contradicciones en la interpretación de dicha legislación mantiene más de 70 proyectos turísticos y urbanos en destinos estratégicos como Punta Cana, Miches, Samaná y el sur del país, afectando las inversiones nacionales y extranjeras.
«Estamos al borde de una ruptura institucional. No puede hablar sobre atraer inversiones, mientras que el estado mismo genera obstáculos legales que violan el principio de certeza legal», dijo un importante desarrollador turístico bajo condición de anonimato.
La incomodidad se concentra en la aplicación del Artículo 24 de la Ley 368-22, que otorga poderes a los distritos municipales con más de 15,000 habitantes para planificar y administrar su uso de la tierra.
Sin embargo, las decisiones contradictorias del consultor legal del poder ejecutivo y otras entidades del gobierno central han desconocido esta disposición, paralizando los permisos que deben procesarse en las juntas municipales correspondientes.
«Nos enfrentamos a una situación sin precedentes en la que los poderes legales de los gobiernos locales son pisoteados, generando un caos operativo que perjudica directamente la economía», dijo un representante de la asociación de las verdaderas empresas del Este de Oriente.
El negocio advierte que la incertidumbre actual podría desencadenar pérdidas millonarias, despidos masivos y una desaceleración en el crecimiento económico en áreas que dependen casi exclusivamente del turismo y el desarrollo urbano.
Dado este panorama, instaron al presidente Luis Abinader a intervenir directamente para garantizar el respeto por la ley y restaurar la coherencia institucional que permite que el ritmo de inversión se reanude.
«La certeza jurídica es la columna vertebral del desarrollo económico. Si el cumplimiento de las leyes actuales no está garantizado, ningún inversor grave corre el riesgo de poner un solo centavo en la República Dominicana», concluyó el empresario.
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