El Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) expresó su preocupación por la reciente decisión del Tribunal Constitucionalcontenida en la sentencia TC/0788/24, que declara no conformes con la Constitución los artículos 156 y 157 de la Ley Orgánica N° 20-23 de Régimen Electoral, que establecen que la presentación de candidaturas independientes deberá realizarse a través de agrupaciones políticas constituida de conformidad con la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
Como indicó la fundación en ocasiones anteriores, en República Dominicana los procesos electorales son parte fundamental de la vida democrática del país, y han permitido el desarrollo de una cultura cívica que integra nuevos elementos al ordenamiento jurídico, los cuales se han tenido en cuenta. en cuenta por los órganos constitucionales y los propios tomadores de decisiones.
Asimismo, en el marco del régimen electoral y de la función esencial del propio Estado, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos Encarnan la garantía ideal para el correcto desarrollo de una democracia representativa y participativo en nuestro contexto.
Destaca que La Constitución dominicana establece expresamente la naturaleza de las partes políticos, el texto indica que “La organización de partidos, grupos y movimientos políticos es libre, con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución. Su formación y funcionamiento debe basarse en el respeto a la democracia interna y la transparencia, conforme a la ley”.
Por ello, se ha señalado que los partidos políticos se erigen como auxiliares del Estado, parte importante del aparato constitucional y garantes de la vida en democracia.
A FINJUS le preocupa que esta reciente sentencia del Tribunal Constitucional distorsiona los esfuerzos realizados en distintos espacios para fortalecer la democracia interna de los partidos políticospermitiendo así el surgimiento de una especie de “razón antipolítica” y, a su vez, como indica el jurista Flavio Darío Espinal en un reciente artículo de opinión, esto podría provocar el debilitamiento de los partidos y el desmantelamiento del propio sistema político.
En este sentido, si hay importantes desafíos que superar en el marco de la representación política frente a la razonabilidad histórica y social, estos no pueden anclarse en una motivación jurídica que produzca y reproduzca el surgimiento de extremos que debilitan la institucionalidad de las organizaciones políticas. , generan grupos espontáneos al margen de la fiscalización y control institucional y confunden la voluntad colectiva desde una visión castigadora de la propia estabilidad democrática.
FINJUS opina que debemos emprender una amplia discusión nacional que permita fortalecer la democracia interna de las organizaciones políticas y promover mayores garantías para seguir aumentando la confianza de la voluntad colectiva en los partidos, grupos y movimientos políticos.
De lo contrario, El Tribunal Constitucional estaría echando a su suerte décadas de refuerzo histórico e institucional de las organizaciones políticas, provocando escenarios electorales menos representativos y mucho más opacos que los actualmente establecidos en el ordenamiento jurídico dominicano.
Deja una respuesta